El régimen de insolvencia empresarial tiene como propósito brindar a aquellas empresas que siendo viables presentan una crisis transitoria y deben ser sometidas a una reorganización financiera, operativa u organizacional con el ánimo de dar solución a las razones que la condujeron a acogerse a este régimen, así como también a la liquidación judicial.
¿QUE ES UN RÉGIMEN DE INSOLVENCIA’
Desde de nuestra óptica, es la oportunidad legal que tiene la empresa en restablecer la unidad de negocio debido a una crisis transitoria, financiera, operativa u organizacional.
Y nos referimos a una oportunidad legal porque el estado a través del Régimen de Insolvencia económica (Ley 1116 de 2006) evita que los acreedores hagan uso de las oportunidades legales que tiene para hacer efectivas sus acreencias.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL?
Tiene como objeto principal la salvaguarda de la unidad de negocio como unidad de exploración económica y fuente generadora de empleo, a través de procesos de Reorganización y Liquidación Judicial.
¿QUÉ ES EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL?
El proceso está destinado a salvaguardar al deudor, que puede tratarse de una empresa, una persona natural, comerciante o un patrimonio autónomo que desarrolle actividades empresariales. Este salvamente se realiza con los acreedores internos y externo, con el ánimo de pagar las acreencias vigentes al momento de la apertura del proceso.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL?
Este proceso prevé que se dispongan los Bienes del deudor ante el Juez de concurso con miras a ponerle fin a la actividad económica de la empresa, transformando los bienes en dinero a través de la venta directa u subasta de todo en parte, para que posteriormente se distribuya a los acreedores de acuerdo la prelación establecida por la ley.
Por lo general, la liquidación concluye con la desaparición del deudor, persona jurídica mercantil y la exoneración de toda obligación de persona física comerciante, salvo que el comerciante por acuerdo reanude sus actividades como comerciante.
¿QUIÉNES SE PUEDEN ACOGER AL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL?
- Personas naturales comerciantes.
- Personas jurídicas no excluidas, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixto.
- Sucursales de sociedades extranjeras.
- Patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional.
¿ANTE CUÁL AUTORIDAD SE PUEDE SOLICITAR EL INICIO DE UN PROCESO DE
REORGANIZACIÓN O DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
Ante la Superintendencia de Sociedades en uso de facultades jurisdiccionales:
- Sociedades comerciales del sector real
- Empresas unipersonales
- Sucursales de sociedades extranjeras
- Personas naturales comerciantes que lo soliciten (a prevención).
Ante los Jueces Civiles del Circuito del domicilio del deudor:
- Personas naturales comerciantes que lo soliciten
- Los demás casos no excluidos del régimen.
¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL DEUDOR PARA INICIAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN?
El inicio de un proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de las siguientes situaciones:
- Cesación de pagos.
- Incapacidad de pago inminente.
¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN?
- En la cesación de pagos, por el respectivo deudor, o por uno o varios de sus acreedores titulares de acreencias incumplidas, o solicitada de oficio por la Superintendencia que ejerza supervisión sobre el respectivo deudor o actividad.
- En la situación de incapacidad de pago inminente, el inicio deberá ser solicitado por el deudor o por un número plural de acreedores externos sin vinculación con el deudor o con sus socios,
- Como consecuencia de la solicitud presentada por el representante extranjero de un proceso de insolvencia extranjero.
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL
Causales para iniciar el proceso:
- Incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999.
- Las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la presente ley.
Efectos relevantes producto del inicio de la liquidación judicial:
- La cesación de funciones de los órganos de fiscalización de la persona jurídica,
- La terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos contratos respecto de los cuales se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución impartido por el juez del concurso.
- La terminación de los contratos de trabajo,
- La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes.
